Integración laboral de las mujeres con discapacidad: un reto que debemos enfrentar

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Ya somos conscientes de la brecha laboral entre hombre y mujeres, ¿pero qué sabemos de las mujeres con discapacidad?

Cada año, el INE publica un informe que analiza la situación de las personas con discapacidad. A nivel general, este grupo social alcanza una tasa de empleo del 25,9%, un porcentaje muy bajo comparado con la media general (66,9%). La situación empeora en el caso de las mujeres con discapacidad, que registran una tasa de paro por las nubes: más del 66%.

Queda patente que las mujeres con discapacidad se enfrentan a una desventaja doble: ser mujeres y, al mismo tiempo, tener una discapacidad que dificulta su acceso al mundo del trabajo. Además, los empleos suelen ser temporales e intercalados por largos periodos de desempleo, con unas consecuencias nefastas sobre la moral.

Cabe remarcar que la estabilidad laboral no es solo una cuestión económica. La incapacidad de mantener un empleo se traduce en desmotivación. Esto a su vez puede acarrear problemas de salud o, en el peor de los casos, desembocar en ansiedad, depresión o alcoholismo. Al mismo tiempo, las mujeres con discapacidad que se quedan en el paro por largo tiempo tienen más dificultades a la hora de reinventarse. Las estadísticas no son muy esperanzadoras: un trabajo conjunto de INE, IMSERSO y Fundación ONCE ha revelado que el 76% de las mujeres con discapacidad son “inactivas”, es decir, ni trabajan ni buscan activamente un empleo.

¿Cuál es la situación de la mujer con discapacidad en España?

Según los datos difundidos por el Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo de la Fundación ONCE, en España las mujeres con discapacidad perciben el salario bruto anual más bajo: 17.365 € frente a los 20.614 € de los hombres. Además, la casi totalidad de ellas – alrededor del 90 % – no cuentan con un contrato indefinido y se tienen que conformar con unos empleos precarios y temporales. Por ende, las mujeres con discapacidad sufren un riesgo de pobreza más alto si comparamos con las demás categorías.

Si a esto añadimos una mayor presencia de este grupo social en las zonas rurales de nuestro país, el panorama es bastante desalentador. La Fundación Cermi Mujeres lo dio a conocer en 2020: el 75% de las mujeres consideran que tienen una peor calidad de vida respeto a los hombres con discapacidad. Claramente, esto se traduce en la imposibilidad de independizarse, un factor que va enmarcado en las problemáticas genéricas de la España vaciada.

Afortunadamente, nuestra legislación aboga a la accesibilidad universal y persigue una inclusión global. La Ley General de Discapacidad obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a destinar el 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad y una buena parte de este porcentaje incluye a mujeres. Asimismo, el SEPE cuenta con una bolsa de trabajo dedicada y constantemente actualizada con ofertas provenientes de toda España.

Las mujeres con discapacidad en la pandemia

El Covid-19 ha supuesto un antes y un después en la vida de todos nosotros. Como ocurre a menudo, sus repercusiones han sido más trascendentes para las personas desfavorecidas. Según una encuesta difundida por la ONG COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) en 2020, la accesibilidad al empleo era la mayor preocupación para las mujeres con discapacidad.

Este dato no debe sorprendernos: la pandemia ha agudizado el paro femenino. Además un estudio publicado por la Fundación Adecco en 2021 subraya como las repercusiones laborales del Covid-19 han impactado mayoritariamente a las mujeres mayores de 55 años. Factores como la discapacidad han jugado un papel importante en este asunto.

No sorprende entonces que la OMS – en palabras de Alarcos Cieza Moreno, responsable del Departamento de Visión, Audición, Discapacidad y Rehabilitación de la OMS – haya afirmado que “las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, necesitan una atención prioritaria”. En su intervención, la doctora y catedrática ha remarcado que “es urgente terminar con las inaceptables cifras de desempleo de las personas con problemas de salud mental”.

¿Qué debemos esperar para el futuro?  

Diversas comunidades autónomas han tomado partido en el asunto poniendo en marcha diferentes iniciativas. Una de las más recientes es la de Andalucía. La Consejería de Empleo ha aprobado unas ayudas destinadas a los empresarios con el fin de mejorar las condiciones de trabajo. Por cada contratación indefinida pueden recibir un importe que oscila entre 3.500 € y 5.500 €. La suma está destinada a ascender en el caso de los colectivos más desfavorecidos, mujeres con discapacidad incluidas.

Otra iniciativa que aún están pendiente de alcanzar mayor protagonismo tiene a que ver con el emprendimiento. Por ejemplo, la Fundación ONCE cuenta con el programa Por Talento Emprende. Su fin es fomentar el autoempleo y la integración laboral de las personas con discapacidad. Promover la cultura empresarial es crucial en cada sociedad moderna. En este caso supone una doble ventaja: pone fin a la dependencia económica de las mujeres con discapacidad y crea oportunidades de trabajo para todos.

Además de los beneficios económicos por parte de la empresa, la inclusión de perfiles con discapacidad tiene múltiples ventajas. Posiblemente, la consecuencia más evidente e inmediata es la mejora de la imagen de la empresa y de su Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, no es la única. A nivel general, provoca también un aumento de la competitividad y un enriquecimiento del clima laboral.

A nivel general, la condición de las mujeres con discapacidad es mucho mejor si comparamos con el pasado, aunque quedan varios asuntos pendientes. Por este motivo hay que seguir luchando para mejorar las condiciones de las franjas más desfavorecidas de la población.

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